No a la salida de los consejeros del IFE

No, porque hasta el momento no se ha esgrimido ningún argumento serio ni legal para destituir al Consejo General del IFE. De haber irregularidades y faltas, se debería abrir un juicio político contra todos o algunos de los consejeros. Habría que fincarles responsabilidades, iniciar un proceso y otorgarles el derecho a comparecer y defenderse. De otro modo, la iniciativa de remoción opera bajo una lógica estrictamente política. Los partidos dictaminan lo que quieren y cómo lo quieren. No hay por encima de ellos autoridad o árbitro que valga. Pero lo hacen, además, sin ningún sustento ético o racional.No, porque si algo se temía de la eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador era justamente que se lanzara contra las instituciones autónomas: el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y, en otro nivel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su derrota el 2 de julio parecía cancelar definitivamente ese peligro. Pero ahora resulta que lo que se expulsó por la puerta regresa por la ventana de atrás. Y regresa de la peor manera. Porque el fundamento último es la inconformidad de dos partidos políticos. Uno, el PRD, por las razones que todos conocemos. Y otro, el PRI, por motivaciones más bien oscuras.No, porque el método recurre a la presión y al chantaje. El PRI y el PRD han atado la reforma fiscal a la reforma electoral.

Si la segunda no pasa, dicen, la primera tampoco. El fondo del asunto es uno solo y se resume en una exigencia: o se van todos y cada uno de los consejeros o no hay trato. Semejante postura no es una forma de negociación, sino un ultimátum. Un ultimátum que retrata muy mal a perredistas y priistas. Primero, dan la imagen de chantajistas.

Y segundo, aparecen como irresponsables. Porque la reforma fiscal tiene su propia lógica, urgencias y no puede quedar sujeta a caprichos.No, porque si se impone el capricho del PRI y el PRD mediante el chantaje se sentará un pésimo precedente. El sexenio apenas comienza, ¿qué exigencia vendrá después? ¿Qué pasará si las elecciones de 2009 dejan, de nueva cuenta, inconformes a los perredistas? ¿Se volverá a impugnar el Consejo y se le destituirá otra vez? Y lo peor de todo: el nuevo Consejo quedará en una situación de debilidad: de entrada, porque en su designación tendrán mano los líderes del PRI y el PRD y, consecuentemente, se integrará por cuotas. Y después, porque los consejeros tendrán muy claro que sobre sus actuaciones y resoluciones pesa una espada de Damocles.No, porque el actual Consejo está auditando las irregularidades de la campaña presidencial del 2006. Su trabajo va avanzado y de sus conclusiones se podrían derivar fuertes multas contra los principales partidos, como ya ocurrió en el pasado.

En esa situación se podría encontrar, muy probablemente, el PRI. La remoción de los consejeros y la elección de otros nuevos retardarían irremediablemente esta resolución. Y los nuevos consejeros serían sujetos a condicionamientos y presiones durante el proceso de su selección. Lo que podría a su vez influir sobre sus futuros fallos.No, porque el principio de inmovilidad es una condición indispensable para la autonomía de cualquier organismo o entidad. Ésta es la regla en todo el mundo. Por eso los ministros (de la Suprema Corte) o los consejeros (del IFE o del Banco de México) son electos bajo esa premisa. De otro modo, los consejeros quedan sujetos a presiones y "evaluaciones" de quienes justamente deben ser evaluados. Es cierto que la inmovilidad no garantiza siempre la imparcialidad. Basta, como ya sucedió en el pasado, con que alguno o algunos tengan aspiraciones políticas para que normen sus criterios o acciones por esas coordenadas.

Pero aún en ese caso, la integración plural del Consejo terminó funcionando como un candado de seguridad.La situación que estamos viviendo es contradictoria y grotesca. El diseño y el andamiaje definitivo del Instituto Federal Electoral data de la reforma que impulsó el Presidente Zedillo en 1996. Se le concedió entonces completa autonomía al Instituto y se procedió al nombramiento de nueve consejeros ciudadanos. El Partido de la Revolución Democrática, a través de Porfirio Muñoz Ledo, jugó un papel determinante. Se puede incluso afirmar que el objetivo fundamental de la reforma fue integrar al PRD en la mesa de las negociaciones para alcanzar la reforma electoral definitiva. La elección de 1997 se realizó bajo ese nuevo marco legal e institucional. Su resultado fue muy favorable para el PRD: ganó la ciudad de México y se convirtió en la segunda fuerza en la cámara de diputados.No sobra entonces recordar que Porfirio Muñoz Ledo y los principales líderes del PRD saludaron esta elección como eminentemente democrática.

A diferencia de lo que había ocurrido en 1994, la presencia de los partidos en los medios electrónicos y los recursos monetarios para las campañas se repartieron equitativamente. Hubo, para decirlo en dos palabras, transparencia y equidad en la contienda. Después vino la elección presidencial del año 2000 que terminó de comprobar que el marco legal e institucional garantizaba la posibilidad de la alternancia. Las quejas y las denuncias de fraude o irregularidades brillaron por su ausencia. Otro tanto se puede decir de la elección intermedia del 2003 que arrojó resultados favorables para el PRI y mediocres para el PAN, partido en el poder.Entre los procesos electorales citados y el 2006 no hay ninguna diferencia. Rige el mismo código y el IFE sigue idéntico a sí mismo. Por eso José Woldenberg aseguró con total certeza que no había elementos para fraguar un fraude.

Las inconformidades de los perredistas y el éxito mediático que tuvieron no justifican la remoción de los consejeros. Entre otras cosas, porque el IFE goza de mayor credibilidad que los partidos, los diputados y los senadores.Por último, la actuación de los líderes priistas en este sainete es lamentable. Están golpeando y minando las instituciones que ellos mismos forjaron. Triste espectáculo y aterrante futuro. Los mexicanos merecemos más que eso.

Jaime Sánchez Susarrey